Opdenergy admite a la CNMV que sus dueños podrían dimitir por la querella desvelada por OKDIARIO

La compañía de energías renovables Opdenergy, que saldrá a Bolsa el 7 de mayo, admite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el folleto de la OPV (oferta pública de venta) que dos de los tres accionistas de la empresa, Gustavo Carrero (44,6%) y Javier Chaves (44,6%), podrían tener que abandonar el consejo de la firma por la querella contra ellos por estafa y administración desleal presentada por un ex socio de la compañía. Esta querella fue desvelada por este diario, y está en fase de instrucción. También está imputada la propia sociedad.

La querella fue presentada en 2017 en un juzgado de Navarra por Ana Zurdo, socia de los dos investigados en una filial de Opdenergy en Extremadura, donde desarrollaron dos parques solares. Zurdo les acusa de estafa, falsedad documental y administración desleal por ocultarle que habían puesto las placas solares a nombre de otra empresa en la que ella no estaba; que habían vendido a un tercero esas placas solares -engrosando la caja de esa otra empresa-; no enseñarle las cuentas de la empresa durante años; asegurarle que la filial estaba en una situación financiera pésima, y ofrecerle en consecuencia comprarle su 5% en la firma a un precio irrisorio, 130.000 euros. La pérdida para ella es de casi 800.000 euros.

Opdenergy admite en el folleto de la OPV esta querella, y que está en fase de instrucción -tiene además una segunda querella de otro ex socio en otra empresa-, y anuncia que cuando culmine su salida a Bolsa abrirá una investigación interna para determinar las consecuencias de la misma para los dos máximos accionistas de la energética. Esa investigación se realizará a través de la Comisión de Nombramientos de la empresa «para cumplir con la recomendación número 22 del Código de Buen Gobierno» de la CNMV, aseguran.

«En caso de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones considere que su permanencia en el Consejo puede amenazar o dañar los intereses de la Compañía o si están acusados ​​penalmente o están sujetos a procedimientos de ejecución, los directores deberán presentar su renuncia al Consejo de Administración», anuncia. La firma admite «daño reputacional» para la empresa y «riesgo» para el negocio futuro de la energética.

«No podemos asegurar que este o cualquier otro procedimiento contra la empresa se resuelva favorablemente para los propietarios de la compañía, o que en el futuro den lugar a responsabilidades y sanciones penales y civiles que podrían ser perjudiciales para la empresa», explica.

La CNMV investiga

La CNMV ya está analizando la querella presentada por la socia de los dueños de la energética. Zurdo ha hecho llegar al regulador la denuncia y los hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos por Carrero y Chaves, los primeros accionistas de la empresa.

Carrero y Chaves reducirán su participación en la empresa tras la salida a Bolsa del 44,6% al 24,1% y el tercer accionista, Javier Remacha, del 15,6% al 8,94%. La empresa busca captar 400 millones de euros en el mercado entre inversores institucionales. Utilizará esos fondos para desarrollar proyectos fotovoltaicos de casi cuatro GWh.